La Consejería de Turismo anticipa que antes de que termine este año se aprobará el
Decreto, que comenzó su fase de exposición pública en abril.
Los propietarios de alojamientos turísticos en Andalucía estarán requeridos a instalar
dispositivos de medición de ruido.
El esperado decreto que otorgará a los ayuntamientos la capacidad de limitar las
viviendas turísticas podría ser aprobado antes de que finalice el año. Esta es la línea
temporal que maneja la Consejería de Turismo y Deporte, con el objetivo de que entre en
vigencia una normativa que, tras varios meses de discusión y retrasos, inició su proceso
de exposición pública en abril pasado. La meta es recopilar todos los informes
necesarios antes de que termine 2023, para que los municipios puedan intervenir a partir
de enero de 2024.
El decreto propuesto por la Junta de Andalucía otorga a los ayuntamientos la facultad de
limitar, por razones de interés general y de manera proporcional, el número de viviendas
con fines turísticos en edificios o barrios saturados. Hasta ahora, bajo el marco legal
actual, esta posibilidad no existía, y los ayuntamientos que intentaron establecer
limitaciones, como Cádiz o Sevilla, se enfrentaron a recursos por invasión de
competencias por parte de la Administración autonómica.
Si, como ha anunciado el consejero de Turismo y Deporte, Arturo Bernal, la Junta aprueba
la normativa antes de que finalice el año, a partir de 2024, los ayuntamientos andaluces
podrán iniciar sus procedimientos para designar zonas saturadas o regular las
condiciones de apertura de una vivienda turística en un edificio residencial. Sin
embargo, el decreto establece que no podrá tener efecto retroactivo: las viviendas ya
registradas podrán permanecer sin cambios.
Hasta el momento, no hay un cambio de posición por parte de la Junta de Andalucía en
cuanto a la tasa turística, cuya implementación depende de un marco normativo autonómico
que permita a los ayuntamientos establecer sus regulaciones. "Si el sector lo desea, lo
gestionaremos, pero el sector no está interesado. La evidencia está en lo ocurrido
recientemente en Valencia, donde la tasa fue eliminada con la aprobación del sector",
explicó Bernal. A pesar de ello, mostró comprensión por el impacto del turismo en las
grandes ciudades y la necesidad de obtener financiación para fortalecer los servicios
públicos, señalando que "el problema depende de una reforma en el modelo de financiación
municipal, no de la implementación de una tasa turística".
A modo de ejemplo, Bernal mencionó el caso de la Comunidad Valenciana, que después de
tener la tasa turística en vigor durante años, la restauró en noviembre tras el cambio
de gobierno con la llegada del PP y Vox.
